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Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 1 MEMORANDUM DE OpiNióN NO. 2026-01 PARA: Scott Derickson, Gerente Municipal Jason Millican, Jefe de Policía DE: McKenzie Granum, Abogada Municipal FECHA: 14 de Enero de 2026 ASUNTO: Papel de la Policía Local en Respuesta a la Aplicación de Inmigración Federal y Intensificación por Agentes de ICE I. ASUNTO Ustedes han solicitado un dictamen jurídico complementario al Memorándum de Opinión N.º 2025-01 que se emitió el año pasado con respecto a las Leyes de Santuario de Oregón y la intersección entre la actividad policial local y la intensificación de los esfuerzos federales de la inmigración en Woodburn. En particular, han solicitado que nuestra oficina se enfoque en la orientación y las directrices para la policía local que pueda encontrarse con situaciones que relacionadas con las medidas federales de control de inmigración civil o con agentes federales, y definir tanto el papel como la responsabilidad que nuestros oficiales tienen en tales situaciones, así como el papel más amplio que la Ayuntamiento como organización puede asumir en respuesta a la creciente presencia de agentes federales en nuestra comunidad. Específicamente, el propósito de este memorando es proporcionar orientación adicional sobre las siguientes preguntas y preocupaciones: ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de la policía al responder a llamadas de servicios por incidentes que, en última instancia, pueden identificarse como medidas de la inmigración federal? ¿Qué autoridad jurisdiccional tiene la policía de Woodburn para investigar presuntos delitos cometidos por agentes federales? ¿Qué deberes tienen los oficiales de Woodburn para intervenir en circunstancias en las que observen el uso excesivo de la fuerza por parte de un agente federal? ¿Tienen los oficiales de Woodburn algún deber en la investigación de presuntos delitos cometidos contra agentes federales? ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento como organización, si acaso, para responder a las preocupaciones del público con respecto a las actividades de control migratorio federal? II. TRANSFONDO En el último año, Woodburn ha experimentado un aumento notable en las actividades de control de inmigración federal en la comunidad. Durante este tiempo, la policía de Woodburn ha recibido una serie de llamadas de servicio y ha respondido a diversas situaciones que, en última instancia, involucraron acciones de agentes federales. Dado que el panorama de la aplicación de ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 2 las leyes federales de inmigración está cambiando, es importante que se brinde orientación adicional a los miembros de la policía municipal que puedan encontrarse con situaciones en las que las acciones federales interfieran con sus propios deberes y responsabilidades. A. La Ley de la Promesa de Santuario de Oregón Según se explica con más detalle en el Memorándum de Opinión N.º 2025-01, Oregón es una jurisdicción “santuario” a nivel estatal. Esto significa que, según la ley estatal, todas las autoridades policiales y agencias públicas estatales y locales (incluidos los gobiernos locales) de Oregón tienen prohibido participar directa o indirectamente en la aplicación de las leyes federales de inmigración sin una orden judicial. La Ley de Promesa de Santuario1 también exige que todas las solicitudes realizadas por agencias federales a las autoridades policiales y agencias gubernamentales estatales y locales en relación con la aplicación de las leyes de inmigración sin una orden judicial se documenten, se comuniquen y se denieguen. Sin embargo, es importante recordar que esta ley solo restringe las acciones y la conducta de los funcionarios estatales y locales (es decir, es un mandato a nivel estatal que ordena no cooperar con los funcionarios federales) y no obliga ni controla la conducta o las acciones de los agentes federales. B. Normas que Rigen la Conducta de las Autoridades Federales en la Aplicación de la Ley El Congreso tiene amplia autoridad para regular a los agentes y agencias federales encargados de hacer cumplir la ley, como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La legislación federal vigente establece una serie de recursos penales, administrativos y civiles para exigir la responsabilización a los agentes y oficiales por conducta indebida. Le ley penal primordial que regula a los agentes federales encargados de la aplicación de la ley es el artículo 18 USC § 242, que tipifica como delito que una persona "actuando bajo la apariencia de la ley" prive a otra persona de sus derechos protegidos por la Constitución. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) es responsable de hacer cumplir la Sección 242, y la Corte Suprema ha explicado que las acusaciones bajo esta sección requieren que el DOJ demuestre que el acusado tenía una “intención específica de privar a una persona de un derecho federal definido por decisión u otra norma legal”. Entre los ejemplos de conducta indebida perseguidos en virtud de la ley se incluyen el uso excesivo de la fuerza, la agresión sexual, la detención ilegal intencionada o la fabricación intencionada de pruebas que den lugar a la privación de libertad de otra persona. Más allá del derecho penal, otras directrices y estatutos federales proporcionan métodos más limitados para remediar la conducta indebida de agentes federales dentro de los límites de una agencia determinada. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés) revisa e investiga denuncias de derechos y libertades civiles presentadas por el público respecto a políticas, actividades y personal del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). Según 6 USC § 345 y 42 USC § 2000ee-1, se ha establecido la CRCL para recibir e investigar denuncias que involucren una variedad de abusos a los derechos y libertades civiles, tales como: 1 Codificado bajo ORS 180.805, 180.810 y 181A.820 a 181A.829. ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 3 Discriminación por motivos de raza, etnia, origen nacional, religión, sexo, orientación sexual o discapacidad; Violación de derechos mientras se encuentra en detención migratoria o como sujeto de la aplicación de la ley migratoria; Discriminación o interrogatorios inapropiados relacionados con la entrada a los Estados Unidos; Violación de los derechos de debido proceso, como el derecho a recibir notificación oportuna de los cargos o el acceso a un abogado; Violación de las disposiciones de confidencialidad de la Ley de Violencia contra la Mujer; Abuso físico o cualquier otro tipo de abuso; Denegación de acceso significativo a los programas, actividades o servicios del DHS o respaldos por el DHS debido a dominio limitado del inglés; y Cualquier otra violación de los derechos civiles, las libertades civiles o los derechos humanos relacionada con un programa o actividad del Departamento, incluidas las denuncias de discriminación por parte de una organización o programa que reciba asistencia financiera del DHS. Además de los recursos penales y administrativos descritos anteriormente, también existen recursos civiles limitados para individuos que deseen obtener reparación por la conducta indebida de los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley. La Corte Suprema ha reconocido una causa de acción implícita para individuos que solicitan una indemnización por daños y perjuicios contra funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley en determinadas circunstancias. Estas se conocen típicamente como demandas Bivens2, en las cuales la Corte ha dictaminado que un demandante puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Cuarta Enmienda cuando sus derechos protegidos por el Gobierno federal han sido “violados”3. Finalmente, la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés) ofrece una reparación civil adicional por los actos ilícitos de los funcionarios federales. En virtud de la FTCA, los demandantes pueden demandar a los Estados Unidos por daños y perjuicios económicos por determinados tipos de delitos civiles cometidos por sus empleados. Por lo general, esto incluye denuncias por agresión, lesiones, detención ilegal, arresto ilegal, abuso de proceso y enjuiciamiento malicioso cometidos por determinados agentes federales encargados de hacer cumplir la ley. C. Procesamientos estatales de funcionarios e inmunidad federales A medida que los funcionarios estatales y locales examinan cada vez más la conducta de los funcionarios federales4 en relación con sus tácticas de control de la inmigración y la vigilancia de las protestas, la cuestión de enjuiciar a los agentes federales por violaciones a la ley estatal ha surgido como un tema central de discusión. Ejemplos de tales procesos se remontan al menos a 2 Bivens v. Six Unknown Named Agents of the Federal Bureau of Narcotics, 403 US 388 (1971). 3 Esto incluiría demandas que aleguen registros e incautaciones ilegales y uso excesivo de la fuerza en violación de la Cuarta Enmienda. Desde Bivens, se extendió un remedio implícito por violaciones constitucionales cometidas por actores federales en dos circunstancias adicionales: Demandas presentadas bajo los principios de igualdad de protección de la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda; y Demandas presentadas bajo la Octava Enmienda en circunstancias en las que no se proporciona tratamiento médico adecuado a los prisioneros federales. 4 Un “funcionario federal” se define como “cualquier oficial, agente o empleado de los Estados Unidos autorizado por la ley o por una agencia gubernamental para participar o supervisar la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de cualquier violación de la ley penal federal.” 18 USC § 115(c)(1). ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 4 principios del siglo XIX, pero cuentan con un historial mixto5. En general, los estados tienen permiso legal para procesar a funcionarios federales por delitos estatales, pero dentro de ciertos límites. Los límites derivan del principio constitucional federal de que los estados no deben poder socavar la política federal mediante procesamientos penales selectivos, una doctrina conocida como inmunidad conforme a la Cláusula de Supremacía. Así, aunque los funcionarios federales no son categóricamente inmunes al enjuiciamiento penal estatal, incluso mientras están en funciones, existe inmunidad si se considera que las acciones del funcionario federal son necesarias para cumplir con un deber federal lícito6. En muchos de estos casos, el análisis de la inmunidad es complejo y objeto de debate, y los resultados dependen de las elaboraciones específicas del tribunal del estándar legal y de los detalles fácticos. En Oregón, el tribunal de distrito federal considera ambos si el oficial acusado creía subjetivamente que sus acciones estaban justificadas y si esa creencia subjetiva era objetivamente razonable bajo las circunstancias existentes. En otras palabras, un tribunal considerará no solo si el oficial creía en ese momento que sus acciones estaban justificadas, sino también si un observador, al revisar los hechos y el contexto que llevaron a la(s) acción(es), concluiría razonablemente que la(s) acción(es) estaban justificada(s). Además, aunque un error de juicio por parte de un oficial o agente no sea suficiente para establecer responsabilidad penal, las demostraciones de interés personal, malicia o intención criminal son indicadores probables de si un oficial enfrentará finalmente responsabilidad penal como cualquier otra persona. III. DISCUSIÓN El Departamento de Policía de Woodburn (WPD) ha sido firme en su compromiso de cumplir con la Ley de Promesa de Santuario de Oregón, al mismo tiempo que fomenta la confianza, el respeto y la comunicación con el público como un medio para mantener nuestra ciudad segura. La discusión a continuación aborda además las limitaciones y desafíos legales y logísticos que enfrenta nuestro personal policial cuando se trata de intervenir o relacionarse con la ejecución de la inmigración federal. A. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades de los agentes del orden al responder a llamadas de servicio por incidentes que eventualmente puedan ser identificados 5 Muchos casos del siglo XIX surgieron debido al desacuerdo de los estados con las políticas federales y representaron esfuerzos directos por obstruir la acción federal. Por ejemplo, durante la Guerra de 1812, algunos estados de Nueva Inglaterra se resistieron abiertamente a embargos comerciales federales, incluyendo la persecución de acciones penales estatales contra oficiales de aduanas federales por incautar bienes. A mediados del siglo XIX, algunos estados del Norte en oposición a la Ley del Esclavo Fugitivo acusaron a los Marshals de EE. UU. por capturar o no liberar a personas previamente esclavizadas. A finales del siglo XIX y principios del XX, los enjuiciamientos estatales a menudo se centraban en la aplicación de leyes de ingresos y de prohibición por parte de funcionarios federales. La mayoría de los enjuiciamientos desde mediados del siglo XX se han centrado en presunta conducta indebida de agentes federales de la ley e incluyen cargos por delitos como asalto y agresión, robo, homicidio imprudente y asesinato. Por ejemplo, en 1992, un funcionario federal involucrado en el asedio de la cabaña del separatista antigubernamental Randall Weaver cerca de Ruby Ridge, Idaho, fue acusado por los fiscales de Idaho de homicidio involuntario por matar accidentalmente a la esposa desarmada de Weaver. 6 Un ejemplo sería que un oficial federal se considerara inmune de la aplicación estatal de las leyes de exceso de velocidad mientras persiguiera a un sospechoso en fuga, siempre que actuara con cuidado y prudencia razonables en las circunstancias. Véase Lilly v. West Virginia, 29 F2d 61, 64 (4.º Cir. 1928); véase también Puerto Rico v. Torres Chaparro, 738 F Supp 620 (DPR 1990). ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 5 como acciones de aplicación de inmigración federal? Como se establece claramente en la Ley de Promesa de Santuario de Oregón, los oficiales del WPD no deberán cooperar ni asistir a las autoridades federales, incluyendo ICE/CBP, en ninguna investigación, detención o procedimiento de arresto relacionado con la aplicación de la ley de inmigración civil federal7. En todo momento, se aconseja a los oficiales que no interfieran ni obstruyan las acciones de cumplimiento federal legítimas8. En caso de que los oficiales lleguen a un llamado de servicio que involucre agentes o funcionarios federales de inmigración9, se recomienda que: . Primero, evalúe la situación en busca de cualquier preocupación inmediata de seguridad pública. Los agentes de la ley locales de Woodburn siguen siendo los mejor equipados para una respuesta inmediata en el lugar y deben seguir sus protocolos estándar para cualquier respuesta emergente necesaria, independientemente de si las partes involucradas tienen un nexo federal. La Ley de Promesa de Santuario de Oregón no impide que las fuerzas del orden locales tomen medidas para proteger la seguridad pública, tales como usar tácticas legales de control de multitudes o hacer cumplir leyes penales que prohíben la violencia y la destrucción de propiedad. De acuerdo con la política del departamento, los oficiales deben activar las cámaras corporales (BWC) y notificar a un supervisor sobre el estado de la escena. Para garantizar una supervisión adecuada y una respuesta apropiada a los incidentes, un supervisor debe responder a las llamadas de servicio que puedan involucrar la aplicación federal de la ley de inmigración civil y cuando lo solicite un oficial de la WPD. Los supervisores presentes en la escena pueden luego coordinar acciones de respuesta adicionales mediante consultas con el jefe de policía y la abogada municipal. Confirmar la identidad de los agentes federales si existe alguna preocupación por suplantaciones fraudulentas. Si los oficiales se encuentran con individuos que no se pueden identificar fácilmente como agentes federales, los oficiales deben, cuando sea seguro y práctico hacerlo, intentar verificar las credenciales del agente federal principal en la escena, del supervisor o del agente a cargo. Los oficiales están autorizados a tomar medidas de cumplimiento si determinan que alguien se está haciendo pasar por un agente o empleado federal, lo que puede incluir la detención y el arresto. Mantener la separación de la aplicación federal de inmigración civil y tomar únicamente las acciones necesarias para salvaguardar la vida y la propiedad. Las acciones apropiadas pueden incluir brindar ayuda, responder a actividad criminal, observación y reevaluación continuas, minimizar conflictos y gestionar el tráfico. Los 7 Los oficiales deben seguir la Política del Departamento, incluida la Política Lexipol Núm. 413, Violaciones de Inmigración. 8 Además, dado que los oficiales de WPD no son funcionarios judiciales, no están en posición legal de confirmar la validez o legalidad de las órdenes utilizadas por ICE/CBP en sus operaciones. 9 Las respuestas a las llamadas de servicio, independientemente de si son iniciadas por miembros de la comunidad o por funcionarios federales, deben ser priorizadas y gestionadas de manera comparable y consistente con la política del departamento. ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 6 oficiales de WPD también pueden proporcionar asistencia de emergencia a ICE/CBP en la misma medida en que responderían en cualquier emergencia (por ejemplo, cuando un oficial necesita ayuda de emergencia). Compartir o comunicarse directamente con el público de acuerdo con la Política Departamental10. Los oficiales de WPD pueden comunicarse con el público, asegurándoles que WPD no participa en la aplicación de la inmigración civil y que su presencia es únicamente para mantener la seguridad pública. B. ¿Qué autoridad jurisdiccional tiene la policía de Woodburn para investigar delitos sospechosos cometidos por agentes federales? Como se detalló anteriormente, la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los EE. UU. protege a los oficiales federales de la persecución penal estatal cuando esos oficiales actúan en su capacidad oficial o desempeñan funciones oficiales. Esta inmunidad también se aplicaría a aquellos sospechosos de infracciones de tránsito11, las cuales son procesadas por la oficina de la abogada del Ayuntamiento en el tribunal municipal12. La realidad es que las limitaciones logísticas que se aplican al investigar y enjuiciar un caso contra un oficial federal lo hacen casi imposible. En primer lugar, si el WPD recibe una denuncia contra un agente federal por una acción indebida, el proceso de investigación típico que utiliza el WPD resultaría difícil de aplicar. Como se indica en una opinión de la Oficina del Fiscal del Distrito (DA’s) del Condado de Marion, los oficiales federales no están obligados a cumplir con citaciones locales, protocolos de investigación o mejores prácticas para el enjuiciamiento penal en la corte estatal. La evidencia que no puede ser obtenida por los fiscales estatales también incluye, pero no se limita a, grabaciones de BWC o de cámaras del tablero de oficiales federales, entrevistas a testigos que son oficiales federales y registros médicos de los oficiales federales. También se debe evaluar la evidencia obtenida de fuentes que no sean de la aplicación de la ley y cualquier fruto derivado de la misma, utilizando los estándares de admisibilidad legal apropiados. Otro privilegio que se concede a los agentes federales consiste en la transferencia de la acusación de un tribunal estatal a un tribunal federal. Según el 28 USC § 1442, los casos contra agentes federales presentados en tribunales estatales pueden y usualmente son transferidos a tribunales federales13. Este cambio de jurisdicción añade otro obstáculo para procesar dichos casos (incluidas las persecuciones por infracciones de tráfico, que normalmente se gestionan a nivel del tribunal municipal). Por estas razones, el memorando de la Oficina del Fiscal del Condado de Marion sobre "Mejores Prácticas" para Investigaciones que Involucran a Empleados Federales también especifica que "la policía local solo debería considerar la investigación y la posterior persecución 10 Política de Lexipol No. 326. 11 Las violaciones de tránsito que probablemente estén sujetas a las disposiciones de inmunidad incluyen la operación de un vehículo sin placas válidas, el exceso de velocidad, conducir con ventanas polarizadas y otras violaciones relacionadas. 12 12 Aunque los oficiales de WPD podrían encontrarse en una situación en la que han iniciado una parada de un vehículo infractor, si el oficial descubre durante esa parada que el conductor del vehículo es un agente federal actuando en su capacidad oficial o desempeñando funciones oficiales, la WPD y la oficina del Fiscal del Ayuntamiento no podrían hacer cumplir las violaciones de tránsito contra ese conductor. 13 Los fiscales estatales continuarían procesando el caso en un tribunal federal, con el tribunal federal aplicando la ley sustantiva y la ley procesal federal. Como mínimo, la falta de familiaridad y la relativa complejidad de los procedimientos y costumbres penales federales añaden tiempo y gastos a la acusación. ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 7 con plena cooperación federal..." El memorando detalla, además, que "Aunque no se otorgarán consideraciones especiales a los federales profesionales, nada [prohíbe] considerar el impacto de la inmunidad federal, la remoción, la cláusula de supremacía u otros principios legales que puedan afectar la investigación y la disponibilidad de la persecución estatal.”14 Dadas las condiciones elevadas y las barreras complejas involucradas en investigar y enjuiciar con éxito a un funcionario federal,15 incluso por una violación menor de tráfico, el Ayuntamiento necesitaría abordar tal decisión con el apoyo total del WPD, la oficina de la Abogada Municipal, la oficina del Fiscal de Distrito y posiblemente con asistencia a nivel estatal del Departamento de Justicia de Oregón16. En última instancia, cualquier reclamo de conducta indebida por parte de agentes del ICE/CBP será remitido al Fiscal de Distrito y a las agencias federales investigativas correspondientes, incluida la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, quien tiene el poder, los recursos y el deber de enjuiciar los delitos federales.17 C. ¿Qué deber tienen los oficiales de Woodburn de intervenir en circunstancias en las que observen el uso excesivo de la fuerza por parte de un agente federal? La ley de Oregón, específicamente a través del Proyecto de Ley de la Cámara 4205 (HB 4205), obliga a los oficiales de policía y a los oficiales de reserva a intervenir para impedir que otro oficial cometa una falta o usando fuerza excesiva, si pueden hacerlo de manera segura, y luego informar del incidente dentro de las 72 horas18. Sin embargo, las disposiciones de la ley de Oregón se aplican a la denuncia e investigación de otros oficiales certificados en el estado de Oregón, y no a oficiales y agentes federales. Esto significa que el WPD no tiene ninguna obligación legal de intervenir en los actos de agentes federales, incluso si estos parecen de naturaleza criminal. Además, el gobierno federal, a través de diversos canales, ha indicado que cualquier acción por parte de las fuerzas del orden locales que ellos clasifiquen como intervención u obstrucción de la aplicación federal de inmigración podría resultar en el arresto y enjuiciamiento de ese oficial por parte del gobierno federal.19 14 INVESTIGACIONES DEL CONDADO DE MARION INVOLUCRANDO A EMPLEADOS FEDERALES, Mejores Prácticas, Memorándum, Fiscalía del Condado de Marion (2025). 15 Véase State v. Landis, No 25-447 (9º Cir Argued 21 de octubre de 2025) (Un caso de alto perfil del agente de la DEA, Samuel Landis, acusado en Oregón de homicidio por negligencia criminal por atropellar y matar a un ciclista en marzo de 2023 mientras estaba en una misión de vigilancia federal, con Landis finalmente recibiendo inmunidad federal frente a la persecución estatal por parte de los tribunales federales, lo que llevó a la desestimación de los cargos a pesar de las apelaciones del Estado de Oregón. La cuestión legal central era si la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU. protegía a Landis frente a la ley estatal cuando actuaba como funcionario federal, con el juez federal dictaminando que sus acciones, aunque mortales, eran una parte razonable de su deber de atrapar a su equipo). 16 El Fiscal General Dan Rayfield Anuncia Investigación sobre Disparo que Involucra Agentes Federales en Portland, Comunicado de Prensa (8 de enero de 2026). Véase también casos recientes en los que la policía estatal está dirigiendo y asumiendo la investigación de agentes federales, por ejemplo, la Oficina de Investigaciones de Colorado investigará un incidente durante una manifestación de ICE en Durango, Oficina de Investigaciones de Colorado, Departamento de Seguridad Pública (30 de octubre de 2025). 17 Cabe señalar que el Subfiscal General de EE. UU. emitió el año pasado una carta al Estado de California que indicaba que “El Departamento de Justicia considera cualquier arresto de agentes y oficiales federales en el desempeño de sus funciones oficiales como ilegal e inútil... los agentes y oficiales federales continuarán haciendo cumplir la ley federal y no se verán disuadidos por la amenaza de arresto...”. Departamento de Justicia de EE. UU., Oficina del Fiscal General (23 de octubre de 2025). 18 ORS 181A.681. 19 La Oficina del Fiscal General de EE. UU. emitió una carta el 29 de septiembre de 2025, en la que se especificaba que la Oficina del Fiscal de EE. UU. deberá “procesar a cualquier individuo que agreda o impida por la fuerza o intimide a [los oficiales que protegen las instalaciones y el personal de ICE], que interfiera con el desempeño de las funciones oficiales de ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 8 Como se enfatizó en la Subsección III.A posteriori, el papel del WPD en las acciones federales de aplicación de la ley migratoria civil es mantener la neutralidad, no ayudar a las actividades de ICE/CBP y tomar medidas limitadas solo en circunstancias donde exista una preocupación inmediata por la seguridad pública que pueda abordarse de manera coherente con la política del departamento. A medida que observamos una intensificación de la actividad federal en Woodburn, pueden surgir situaciones en las que resulte imposible o inseguro para los oficiales del Departamento de Policía de Woodburn intervenir ellos mismos entre agentes de ICE/CBP y miembros del público. En tal circunstancia, los oficiales de Woodburn deberían buscar orientación adicional de su supervisor inmediato o del sargento en la escena, recopilar, rastrear y monitorear las denuncias en el sistema CAD de WPD, investigar posibles irregularidades federales posteriores a los hechos y dirigir el seguimiento a través de otros canales, como referencias a la oficina del fiscal del condado de Marion y a la oficina del fiscal de los EE. UU. UU., la División de Derechos Civiles del DOJ de EE. UU., o el Proceso de Supervisión y Rendición de Cuentas Federal del DOJ de Oregón. D. ¿Los oficiales de Woodburn tienen algún papel en la investigación de delitos presuntos cometidos contra agentes federales? Según lo especificado en el memorándum previamente referido de la Oficina del Fiscal del Condado de Marion, si se identifica a un profesional federal que actúa en su capacidad oficial como víctima de una actividad criminal, las fuerzas del orden locales deben notificar tanto a la Oficina del Fiscal del Condado de Marion como a los socios federales para la remisión de la investigación. Esta notificación permite que la aplicación de la ley federal, y no el WPD, investigue el asunto y transfiera la posterior gestión del caso a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. E. ¿Qué puede hacer, si es que puede hacer algo, el Ayuntamiento como organización para responder a las preocupaciones del público respecto a las actividades de aplicación de la inmigración federal? La administración Trump ha dejado absolutamente claro que los agentes federales de ICE/CBP continuarán aplicando tácticas combativas y agresivas para llevar a cabo su agenda de control migratorio. Esto incluye agentes irrumpiendo en complejos de apartamentos, usando vehículos sin distintivos, usando máscaras, desplegando tácticas de estilo militar, rompiendo las ventanas de los vehículos y utilizando cada vez más agentes químicos. Muchos funcionarios del gobierno han denunciado públicamente el uso de estas tácticas y han solicitado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detenga el uso inconstitucional de la fuerza. Solo esta semana, la Ciudad de Chicago se unió al Estado de Illinois y a Minnesota para presentar demandas federales, argumentando que el DHS y sus agencias (ICE, CBP, Patrulla Fronteriza) han participado en tácticas ilegales y violentas, en perfiles raciales y en represalias políticas contra jurisdicciones “santuario” lideradas por demócratas. El núcleo de sus acusaciones incluye que las tácticas de los agentes federales, incluyendo la realización de arrestos en lugares “sensibles” como escuelas y hospitales, el uso excesivo de la fuerza y el despliegue de gas lacrimógeno contra los manifestantes ha creado un clima de miedo, disuadiendo a los residentes estos oficiales, o intente hacerlo...”. Eliminando la Violencia Política, Oficina del Fiscal General (29 de 19 septiembre de 2025). ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 9 (independientemente de su estatus migratorio) de acudir a los servicios públicos o participar en las actividades diarias. La demanda también cita incidentes de perfil racial y violaciones de los derechos constitucionales; y los funcionarios afirman que las operaciones del DHS están motivadas políticamente y tienen la intención de castigar a los estados con políticas de santuario. Los demandantes también argumentan que el gobierno federal está confiscando ilegalmente recursos locales, obligando a la policía local a desviar oficiales y a incurrir en millones en costos de horas extras para manejar las consecuencias de las operaciones federales. El propósito e intención de estas demandas son hacer que el gobierno federal rinda cuentas y exigir el fin de ciertas tácticas por parte de los agentes de ICE/CBP (por ejemplo, ocultar las placas de los vehículos, el uso de agentes enmascarados, etc.). Al igual que otros gobiernos locales en Oregón y en todo el país, Woodburn tiene un interés inherente en impugnar cualquier acción ilegal de los agentes federales de inmigración que operen en nuestra ciudad. Sin embargo, también debemos darnos cuenta de que, con recursos limitados, nuestra capacidad de responder y reaccionar ante tales situaciones debe ser calculada y reflexiva. Por esa razón, la oficina de la abogada municipal ha mantenido un contacto estrecho con otros socios de gobiernos locales de la región para considerar vías legales adecuadas para obtener alivio. Este alivio puede incluir una demanda colectiva bajo la FTCA por los daños directos sufridos por el Ayuntamiento como resultado de actividades federales de aplicación de la inmigración, o un alivio judicial más amplio contra el DHS si las vías legales para tales reclamaciones se vuelven prácticas. Además, continuamos discutiendo las preocupaciones de la comunidad con nuestros socios en la aplicación de la ley, como la oficina del fiscal del condado de Marion y el Departamento de Justicia de Oregón, para garantizar que Woodburn se mantenga a la vanguardia de futuras discusiones sobre los impactos en la comunidad, los recursos legales y la asistencia financiera. IV. CONCLUSIÓN Estamos en un momento sin precedentes de tensión creciente entre los estados y el gobierno federal. Sabemos que las agencias federales de control migratorio han sido autorizadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos (al menos temporalmente) para llevar a cabo detenciones migratorias basadas únicamente en cuatro factores, incluyendo la presencia de una persona en un lugar determinado (por ejemplo, una parada de autobús, un lavado de autos, sitios de recogida de trabajadores por día, etc.), presunciones sobre el tipo de trabajo que una persona realiza, si la persona habla español o inglés con acento, y la raza o etnicidad aparente de la persona.20 Sabemos que los agentes de ICE en Oregón han estado utilizando tecnología de vigilancia para identificar lugares "estratégicos"; enfocándose en áreas geográficas en lugar de individuos; operando bajo cuotas de ocho arrestos por día; y creando órdenes judiciales después de que las personas ya han sido detenidas.21 Sabemos que se ha alegado que el DHS ha llevado a cabo redadas de inmigración con un desprecio violento por la vida humana, traumatizando a las comunidades y poniendo en riesgo a hombres, mujeres y niños inocentes, incluidos ciudadanos estadounidenses.22 Y podemos ver aquí en Woodburn el impacto directo que las acciones federales de control de inmigración están teniendo en nuestros residentes.23 20 Noem contra Vasquez Perdomo, 606 EE. UU. (2025). 21 M-J-M-A y Gamez contra Hermosillo, Caso No. 25-cv-0211-MTK. 22 Comités de Seguridad Nacional y de la Judicatura inician investigación sobre redada violenta de inmigración en Chicago, Carta del Congreso a Kristi Noem, Secretaría, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (6 de octubre de 2025). 23 Véase Comentario Público, Reuniones del Consejo del Ayuntamiento de Woodburn 10 de noviembre de 2025 y 12 de enero de 2026. ---PAGE BREAK--- Memorándum de Opinión No. 2026-01 14 de Enero, 2026 Pagina 10 Sin embargo, es importante recordar que Woodburn no está solo en su esfuerzo por abordar las preocupaciones discutidas en esta opinión, y coaliciones de otras agencias gubernamentales también están examinando los mecanismos judiciales y legislativos disponibles para buscar reparación por las tácticas utilizadas por ICE/CBP. Casi a diario vemos a representantes estatales y congresionales haciendo escuchar sus argumentos tanto en foros oficiales como en los medios de comunicación sobre la necesidad de limitar la conducta de ICE/CBP. Vemos que se presentan nuevos proyectos de ley que prohibirían el uso de mascarillas y establecerían estándares para la identificación de ICE/CBP. Vemos jurisdicciones con más recursos, como la Ciudad de Chicago y la Ciudad de Portland, presentando demandas que cuestionan las tácticas de aplicación de inmigración de la administración Trump. Y todos estos movimientos, a nivel estatal y federal, son más grandes que una comunidad, más grandes que solo Woodburn. Sé que el personal de Woodburn puede y seguirá participando en discusiones con nuestros socios gubernamentales, mantendremos esta discusión en primer plano de nuestras tareas, y donde factible, examinaremos cómo Woodburn puede dirigir sus recursos para obtener responsabilidad por nuestra comunidad. Adjuntos: INVESTIGACIONES EN EL CONDADO DE MARION INVOLUCRANDO A EMPLEADOS FEDERALES, Mejores Prácticas, Memorando, Fiscalía del Condado de Marion (2025). (en ingles) El Fiscal General Dan Rayfield Anuncia Investigación sobre Tiroteo Involucrando a Agentes Federales en Portland, Comunicado de Prensa (8 de enero de 2026) (en ingles)